Por: Gabriel Gallego Montes. Columnista.


El coronavirus desnudó nuestras injusticias sociales. Colombia, en los últimos 50 años, se ha constituido en unas de las sociedades más desiguales del mundo, con una alta concentración de la riqueza.  El concepto de riqueza, y la forma como las sociedades la administran corresponde a los debates de las políticas públicas y de lo público; de cómo traducir la riqueza acumulada por una nación en su historia en mayores niveles de bienestar para sus habitantes.

En nuestro país no es que hayamos hecho muy bien la tarea, en tanto la riqueza producida por todos, hombres y mujeres, tiende a concentrarse mayoritariamente en los hombres, en las personas blanco/mestizas y en las ciudades de la zona andina, lo que configura un modelo de sociedad profundamente desigual desde el punto de vista social y territorial.

La pobreza en Colombia, mayoritariamente, tiene rostro de mujer, es anciana y tiene piel morena.

Gabriel gallego montes.

El Departamento Nacional de Planeación utiliza dos enfoques para estimar la pobreza en Colombia, la pobreza monetaria y el índice de pobreza multidimensional. La primera medida señala la línea de pobreza, es decir, estima si un hogar cuenta con los ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas como alimentos y otros bienes básicos que permitan la supervivencia humana.

La pobreza multidimensional es un indicador más complejo que no solo tiene en cuenta los ingresos sino que involucra un conjunto de aspectos (salud, educación, niñez y juventud, trabajo, vivienda y servicios públicos) que limitan o potencian el ejercicio de los derechos.  

De acuerdo con el DANE, a diciembre de 2019, justo antes de la pandemia, la pobreza monetaria en el país alcanzaba el 35.7% de la población colombiana. 

Con el Coronavirus la situación se ha agudizado dramáticamente. Hoy, uno de dos hogares en Cúcuta, Riohacha, Quibdó, Popayán, Florencia son pobres por ingresos y uno de cuatro en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali – y ni hablar de la pobreza en las zonas rurales y los pequeños poblados del país donde la presencia del Estado es mínima y existe una precarización de los sistemas productivos – De igual manera, la dramática situación que sufre la población trabajadora y los pequeños propietarios independientes, por el cierre económico y las cuarentenas cíclicas, han detonado las alarmas en Colombia.

Según estadísticas aportadas por el DANE, al día de hoy, 22 millones de empleados, el 43%, más de nueve millones cuatrocientos sesenta mil personas (9.460.000), son trabajadores/as por cuenta propia o independiente. Es decir, una quinta parte de la población tuvo que suspender o reducir sus actividades económicas obligadas por la pandemia con las consecuencias que dicha acción tiene sobre la supervivencia de los hogares y las familias. 

A nivel global el panorama es preocupante.  De acuerdo con la ONU, la pandemia del coronavirus incrementó la pobreza por primera vez en 30 años, los indicadores de desarrollo humano se desplomaron, los logros que se habían tenido el Covid los echó al traste.

Por ello urgen nuevas medidas, nuevas iniciativas para enfrentar la crisis social y humanitaria desatada por la pandemia. No podemos enfrentar nuevos desafíos con recetas clásicas para paliar la pobreza.  Es hora superar los programas de Transferencias monetarias condicionadas (TFM) que han constituido la receta en los últimos 20 años.

El programa de ingreso solidario que hace un pago por $160.000 mensuales para tres millones de familias, es a todas luces insuficiente y limitado en el tiempo.  Y qué decir de los programas de Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción que entrega un pequeño estímulo económico, condicionado, perpetuando la desigualdad y las brechas sociales y de género; según Javier Mejía del portal FORBES, las transferencias monetarias poco hacen para reducir las grandes disparidades materiales y simbólicas que dominan las sociedades de mercado.

En tal sentido, a Colombia le llegó el momento de la Renta Básica.  En nuestro país se han presentado, desde años atrás, varias iniciativas legislativas que buscan implantar este modelo de equidad social.

Actualmente está en proceso de radicación ante el congreso un nuevo proyecto de ley que busca crear el programa de renta básica como política permanente de Estado.

Se ha adelantado una cumbre social exitosa muy en sintonía con el movimiento internacional en esta materia, que tiene experiencias de renta básica para mostrar en Alaska, los países nórdicos y Canadá. Es decir, para aquellas personas que aún creen en fantasmas castrochavistas, esta iniciativa surge en el marco de Estados liberales capitalistas, eso sí, Estados modernos garantes de derechos, con un enfoque de justicia social distributiva y una concepción de la riqueza generada por todos/as como patrimonio y bien común de una sociedad.

La excesiva concentración de la riqueza en pocas manos, como actualmente sucede en nuestro país, es nociva para el sistema productivo mismo, agudiza la conflictividad social y acelera el deterioro medio-ambiental. Una situación como la que estamos viviendo, y que el coronavirus hizo evidente, es insostenible en el corto y mediano plazo.  

La renta básica se entiende como un ingreso que reciben los hogares por parte del Estado, de manera mensual e indefinida, con el propósito de garantizar la satisfacción de ciertas necesidades básicas de acuerdo con los estándares culturales de cada región.

Columna: El coronavirus y la renta básica en Colombia.

En su carácter internacional, la renta básica es universal, se les garantiza a todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos y nivel socio-económico. La iniciativa en Colombia, por las condiciones y características macroeconómicas del país, será focalizada hacia 7,5 millones de hogares (aprox. 60% de la población del país), con un costo para el erario público de 37.5 billones de pesos que comprometen el 3,75% del PIB.

La propuesta parte de otorgar una renta para un hogar unipersonal, en condiciones de pobreza, de $320.000 mensuales, valor que se incrementa hasta los $470.000 para un hogar de 6 o más miembros.  Para el volumen de riqueza que genera la sociedad colombiana en su conjunto, no es un programa costoso y es posible lograrlo con voluntad política y un gran acuerdo nacional que permita afrontar la crisis derivada del coronavirus de manera social, humana y éticamente sostenible. 

Ahora que suenan sirenas de una nueva reforma tributaria que busca incrementar el recaudo fiscal y la base grabada, podría ser la oportunidad para crear un sistema fiscal progresivo en clave de equidad social, -que escuche menos al Fondo Monetario Internacional y a la banca criolla representada por Sarmiento Angulo-, eliminando los regímenes especiales y haciendo evidente las iniquidades de nuestro sistema tributario con la intención, ojalá, de corregirlas estructuralmente.

Un sistema tributario moderno, democrático y redistributivo que parte del principio de quien tiene más o percibe más, tributa más. De acuerdo con los proponentes del proyecto de Renta Básica, el gobierno central, el Congreso y el Banco de la República jugarían un papel fundamental, buscando que dicha iniciativa se constituya en política de Estado que tendría el blindaje constitucional y que permitiría que por fin Colombia transite hacia un Estado social de derecho, ahora que estamos conmemorando 30 años de la Constitución Política.  ¡En hora buena este proyecto!  

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