El ente acusador solicitará medida de aseguramiento en contra de los dos mandatarios, José Manuel Rios de Armenia y Luis Alberto Balsero de Calarcá, la cual según fuentes del organismo se hará efectiva en próximas horas con su captura.

En una rueda de prensa conjunta, adelantada en la tarde de este jueves por el bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, se confirmó que tendrán también imputaciones con solicitud de medidas de aseguramiento contra la exdirectora de Bienes y Suministros de la alcaldía de Armenia, Gabriela Valencia Vásquez y el secretario Administrativo de Calarcá, José Winser Garzón Tobaria.

Alcalde de Armenia- Quindío.

LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALÍA

Según el fiscal general, Francisco Barbosa, las verificaciones de los investigadores dan cuenta de presuntas irregularidades en el contrato N° 002, suscrito entre la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia y la Comercializadora y Distribuidora Agroindustriales, por un valor de $350.000.000.

“Algunos socios de la citada empresa habrían donado dinero a la campaña política del alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales”.

Las 5 personas que son investigadas y serán imputadas, entre ellas el alcalde, según su nivel de participación, incurrieron en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento privado, y peculado en la modalidad de tentativa.

Por su parte, la Procuraduría anunció la apertura de investigación disciplinaria al alcalde y 4 funcionarios por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de 4 contratos de suministros por más de $1.590.000.000.

En este estarían involucrados la Directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), y el subdirector, José Javier Acero Osorio; el secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano y del asesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita.

El órgano de control investiga supuestos sobrecostos y eventuales irregularidades en los estudios de mercados de los contratos 01, por $500.000.000; 02, por $350.000.000; 03, por $300.000.000, y 04, por $442.340.500. Así mismo, una supuesta falta de capacidad jurídica y experiencia para la ejecución de los contratos.

EN CALARCÁ

En este municipio desde el 20 de abril la Procuraduría Provincial de Armenia ordenó la suspensión por 3 meses de Balsero Contreras; y del secretario administrativo de ese municipio, José Winser Garzón Tobaría, debido a un contrato de urgencia manifiesta que, al parecer, se suscribió sin la autorización del representante legal de la empresa contratista. 

De igual manera, la Procuraduría anunció otra investigación contra Balsero Contreras por presuntas irregularidades  al contratar directamente el servicio de vigilancia durante la emergencia sanitaria por covid-19.

Alcalde de Calarcá-(foto archivo particular)

La decisión también vincula al secretario Administrativo, José Winser Garzón Tobaría; al subsecretario Administrativo, Juan José Correa Lopera; al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Gesner Arneth Rengifo Arias, y al contratista, Jhon Jairo Botero Sabogal.

Y se investiga si el contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia 223 del año 2020, se suscribió bajo alguna circunstancia excepcional contemplada en la normativa vigente para declarar la urgencia manifiesta, que de ser comprobado sería causal violatoria de la norma.

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